En las últimas semanas se ha aprobado el anteproyecto de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, cuya entrada en vigor se espera para el día 25 de mayo de este año. Esta Ley vendrá a sustituir a la LOPD actual y cumplir así con el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos  (RGPD UE 2016/976), aprobado en mayo de 2016.

Las novedades más importantes a tener en cuenta son:

  1. Se refuerza el consentimiento del tratamiento de datos personales, que ha de ser claro y afirmativo.
  2. Se recogen nuevos derechos de control de tus datos: el Derecho al olvido, que a efectos prácticos significa que se reconoce el derecho de los interesados a que sus datos sean suprimidos. El Derecho a la limitación del tratamiento permite el bloqueo temporal del tratamiento de datos cuando exista controversia sobre su licitud. El Derecho a la portabilidad permite que cualquier persona tenga derecho a que sus datos sean transmitidos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable inicial al que se hubieran facilitado. Como titulares, tendremos el derecho a que nuestros datos personales se tramiten directamente de responsable a responsable, lo que es muy práctico en caso de compañías de servicio y ahorraría tener que facilitar nuestros datos nuevamente.
  3. Los datos deben ser exactos, actualizados y con una mayor claridad en las cláusulas informativas de los servicios digitales y en las políticas de privacidad.
  4. El responsable del tratamiento deberá tener un mayor control sobre el encargado del tratamiento. Todas las entidades que prestan servicio en régimen de encargado de tratamiento deberán acogerse al contrato de prestación de servicios suscrito entre ellos.
  5. Se introduce la figura del Delegado de Protección de Datos, que se encarga de ser el interlocutor del responsable o encargado del tratamiento ante la Agencia Española de Protección de Datos. Supervisará de manera independiente la aplicación interna y respeto a las normas de protección de datos.
  6. Sanciones: Además de las actuales la nueva Ley incluye la posibilidad de aplicar sanciones que asciendan al 4% de facturación de la empresa.